YPF para entender la estafa.

 

Elisa Lilita Carrió.

Hoy (18.07.25) solicité nuevamente al juez Lijo que llame a prestar declaración indagatoria a Cristina Kirchner, Julio De Vido, Roberto Baratta, Carlos Zannini y Axel Kicillof por su participación en una maniobra fraudulenta que tuvo como resultado el vaciamiento y posterior expropiación de YPF en condiciones ruinosas para el Estado argentino. La operación fue diseñada para beneficiar a Repsol, al Grupo Eskenazi y a los Kirchner.

También aporté el contrato mediante el cual Burford Capital compró los derechos litigiosos a Petersen Energía, del Grupo Eskenazi. Ese acuerdo les asegura el 30 % de una eventual sentencia favorable. De ese porcentaje, Repsol podría cobrar hasta USD 4.000 millones más como acreedor en la quiebra.

Es decir: Repsol ya recibió casi USD 10.000 millones del Estado argentino (entre capital e intereses por la expropiación) y, de ejecutarse la sentencia Preska en EE.UU., volvería a cobrar por tercera vez, ahora a través del negocio montado con Burford.

La entrada del Grupo Eskenazi a YPF fue financiada sin aportar capital propio, sobre la base de una proyección irreal de dividendos futuros, garantizados por Repsol, y avalados tácitamente por el Poder Ejecutivo. Un esquema de endeudamiento encubierto y abuso institucional.

Nada de esto habría sido posible sin la complicidad del gobierno nacional de entonces, que promovió esta estructura fraudulenta, desprotegiendo al Estado y actuando como garante informal de una maniobra privada que terminó en juicio internacional contra la Argentina.

Lo más grave: Carlos Zannini, ya como Procurador del Tesoro, abandonó el proceso de discovery en EE.UU. que buscaba revelar quiénes estaban realmente detrás de la demanda multimillonaria contra nuestro país.

No fue negligencia. Fue encubrimiento institucional desde el Estado.